La privatización de las represas hidroeléctricas del Complejo Comahue, ubicadas en los ríos Limay y Neuquén, entre las provincias de Neuquén y Río Negro, quedó nuevamente bajo cuestionamiento judicial. La Fundación Soberanía amplió una denuncia ante el Juzgado Federal de General Roca y pidió investigar una presunta maniobra para subvaluar activos del Estado y favorecer a un grupo reducido de empresas, además de solicitar que, de corresponder, se anulen las adjudicaciones.

La presentación sostiene que el proceso responde a un “mecanismo sistemático y planificado para subvaluar los activos del Estado y transferirlos a un grupo reducido de empresas vinculadas al entorno del poder político”, lo que, según la organización, implicaría una violación del marco de legalidad administrativa.

Entre las empresas cuya citación fue solicitada aparecen Edison, del Grupo Neuss; Central Puerto, de Guillermo Reca, la familia Miguens Bemberg y Eduardo Escassany; y BML Inversora S.A.U., controlada por MSU Green Energy, propiedad del empresario Manuel Santos Uribelarrea, consignó el diario "Ámbito".

La causa se tramita en el juzgado federal de General Roca, a cargo del juez Hugo Greca. Según la ampliación de la denuncia, el proceso habría terminado de conformar “un circuito de beneficiarios de las privatizaciones del gobierno nacional”.

La presentación describe una “cadena de ilegalidades” que, según la Fundación Soberanía, tiene cuatro eslabones y apunta directamente al Ministerio de Economía nacional, conducido por Luis Caputo:

- La elusión del Tribunal de Tasaciones de la Nación.

- La subvaluación de los activos mediante la participación del BICE y la finalidad recaudatoria.

- La identificación de los beneficiarios y la repetición del mismo patrón.

- La consumación del proceso mediante un concurso “sin base” y el apuro fiscal.

Crítica al Tribunal de Tasaciones

Uno de los principales puntos de la denuncia es el papel del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), conducido por Julio Villamonte.

De acuerdo con la presentación, no se habrían respetado los tiempos necesarios para que el organismo cumpliera con su función. La Fundación sostiene que el objetivo del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) no habría sido obtener “una tasación objetiva”, sino generar previamente una “causal de imposibilidad temporal” para avanzar con otro mecanismo de valuación.

“La secuencia temporal de las notas intercambiadas entre la Secretaría de Energía y el TTN, que se acompañaron oportunamente como prueba documental y que han sido publicadas en los medios de comunicación, demuestra una evidente falta de buena fe administrativa y la preconstitución de una causal de imposibilidad temporal”, sostiene el escrito.

En ese esquema aparece el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), conducido por Maximiliano Voss. Según la denuncia, la entidad habría sido utilizada para desplazar las competencias específicas de tasación de bienes del Estado que corresponden al TTN.

La presentación cuestiona que el BICE dependa del Ministerio de Economía, organismo que impulsa y ejecuta el plan de privatizaciones. Para la Fundación, esa relación genera una falta de independencia técnica.

“El Ministerio de Economía concentra las funciones de tasación, pliego, licitación y adjudicación en la misma estructura”, sostiene la denuncia, y advierte sobre “riesgos severos de subvaluación patrimonial y opacidad procedimental”.

Según el escrito, la urgencia recaudatoria combinada con la falta de independencia del organismo encargado de valuar los activos genera las condiciones para una eventual subvaluación y el consecuente perjuicio para el Estado.

Discusión por el método de valuación

Otro de los ejes de la presentación es la metodología utilizada para determinar el valor de las empresas públicas que serán privatizadas.

La denuncia cuestiona el método de Flujo de Fondos Descontados (FFD) y sostiene que no constituye una tasación en los términos del Tribunal de Tasaciones, sino un ejercicio basado en “ganancias hipotéticas”.

El escrito cita en ese sentido al ingeniero Daniel E. Martín, integrante del propio TTN y autor de Ingeniería en Tasaciones, cuyas consideraciones son presentadas como contradictorias con el criterio que actualmente impulsa Villamonte.

La Fundación también repasa antecedentes en los que el propio Tribunal de Tasaciones habría utilizado otros criterios para determinar el valor de empresas estatales.

Según la presentación, “el método de FFD no se puede considerar un método objetivo y no es una tasación”. En cambio, sostiene que el TTN habría considerado al método del valor sustantivo o patrimonial como el más adecuado para valuar empresas y habría explicado por qué el Flujo de Fondos Descontados no resulta apropiado.

La denuncia también cita la Norma 20.1 del Tribunal de Tasaciones, en su punto referido a la expropiación de empresas, donde se recomienda utilizar el método patrimonial y se hace referencia a la legislación y jurisprudencia sobre indemnizaciones, sin incluir “ganancias hipotéticas”.

Empresas adjudicatarias, bajo la lupa

El documento también pone el foco en las firmas que resultaron beneficiadas con las adjudicaciones y sostiene que existe una repetición que configuraría un patrón.

En el caso de Alicurá y Cerros Colorados, señala como adjudicataria a Edison Inversiones S.A.U., del grupo liderado por los hermanos Patricio y Juan Neuss.

El Chocón-Arroyito quedó adjudicado a BML Inversora S.A.U., controlada por MSU Green Energy, propiedad del empresario Manuel Santos Uribelarrea.

Piedra del Águila, en tanto, fue adjudicada a Central Puerto S.A., cuyos principales accionistas, según el documento, son Guillermo Reca, la familia Miguens Bemberg y Eduardo Escassany.

La Fundación Soberanía sostiene que la reiteración de empresas y grupos empresarios en las adjudicaciones permite identificar un “circuito de beneficiarios” dentro del proceso de privatizaciones.

Por ese motivo, solicitó que los empresarios mencionados sean citados en la causa y reclamó que se investigue el procedimiento utilizado para determinar el valor de los activos y las condiciones de las adjudicaciones.

La organización también pidió que, si se comprueban las irregularidades denunciadas, se anulen las privatizaciones de las represas hidroeléctricas del Complejo Comahue.